Semana Latinoamericana

México: inédito plan contra la inseguridad

Artículo publicado el 23/08/2008 Ultima reactualización 23/08/2008 15:28 TU

Peritos forenses y policías de civil inspeccionan el lugar donde cuatro personas murieron asesinadas en Ciudad Juárez el 22 de agosto de 2008. El presidente mexicano envió al ejército para colaborar con la investigación.
Foto: Reuters

Los temas de esta edición: México, con el acuerdo nacional contra la inseguridad al que llegaron los poderes del Estado, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil; Perú, con la resolución de la crisis que se había desatado entre las poblaciones nativas amazónicas y el gobierno de Alan García y Colombia, con el drama de los desplazamientos forzados  y el inicio de un histórico proceso impulsado por el Estado para reparar a las víctimas de las polifacética violencia que asota el país.

La violencia ascendente en México dio lugar a una suerte de unión nacional de todos los sectores: los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organizaciones civiles llegaron a un inédito acuerdo nacional contra la inseguridad que consta de compromisos de los tres poderes con plazos concretos. Entre los casi 80 Puntos figuran iniciativas tan esenciales como la depuración de las fuerzas policiales, la creación de un observatorio ciudadano para controlar las metas, estrategias contra el lavado de dinero y el narcomenudeo y la promulgación de una ley antisecuestros. El compromiso implica también una fuerte participación de la sociedad civil ante la demanda de la ciudadanía de que las autoridades adopten medidas concretas.

Las cifras de la violencia son de una elocuencia devastadora: según cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado 323 secuestros – las organizaciones civiles evocan 400.  México está igualmente sumido en una guerra entre los cárteles de la droga que ha dejado 2.713 personas ejecutadas en 2008. La estrategia de seguridad aplicada por el gobierno desde diciembre de 2006 con el despliegue de 36.000 militares en todo el país no dio los resultados esperados.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, enfatizó precisamente la necesidad de que los compromisos se hagan realidad. El Ejecutivo federal se comprometió a cumplir los compromisos en un plazo de entre seis meses y tres años.

El secuestro y asesinato del adolescente Fernando Martí, perpetrado por policías, provocó una gran indignación popular y de ello derivó en parte la cumbre celebrada en el Palacio Nacional.  María Helena Morera,  Presidenta de la asociación México Unido contra la delincuencia, también habló en el Palacio Nacional y allí reclamó por el cumplimiento de la ley. Luego de su intervención, RFI conversó con ella sobre este acuerdo nacional (escuchar audio). 

Resuelto el conflicto entre etnias nativas y el gobierno peruano

Un conflicto que pudo llegar a grandes proporciones quedó resuelto luego de que el gobierno peruano decidiera derogar dos leyes que habían provocado el levantamiento de 65 etnias nativas amazónicas. Los indígenas llevaban dos semanas en pie de guerra contra las normas del gobierno. A juicio de sus líderes, esas normas significaban la violación de sus derechos de propiedad sobre tierras que ocupan, con lo que se favorecían concesiones mineras, forestales y de hidrocarburos que los obligaban a migrar.

Durante el paro,  los indígenas tomaron instalaciones petroleras y un campamento de la compañía argentina Pluspetrol, que explota gas en el sur del país. La derogación de las leyes aparece como un triunfo de las etnias amazónicas, ya que se logró en contra de la opinión del presidente Alan García, quien el miércoles advirtió que sería "un gravísimo error histórico" derogar la norma.  Según el gobierno, la ley buscaba que las comunidades indígenas puedan asociarse con empresas, mejorar su ganadería, desarrollar su industria minera no metálica, o mejorar sus pastos que exigen tecnología y capital, de forma que puedan integrarse al progreso y no queden aislados del desarrollo del país. Sin embargo, los grupos indígenas señalaron que nunca fueron consultados y que con esas normas se busca entregar sus tierras a empresas transnacionales. Enzo Rosales, miembro de la AIDESEP, Asociación Interétnica de la Selva Peruana, reveló a RFI que 75% de las tierras amazónicas ya están sometidas a concesiones privadas.

Los territorios nativos están reconocidos no sólo dentro de la legislación peruana, sino también en los tratados internacionales suscritos por Perú, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que respaldan a los pueblos amazónicos y reconocen la intangibilidad de sus territorios. Nelson Manrique, historiador y politólogo, describió a RFI  la fuente de este conflicto y los enormes intereses que están en juego. La derogación de las leyes es el comienzo de una negociación con comunidades a menudo sometidas a las decisiones de los poderes centrales, y no sólo en Perú. Edilberto Quienen, otro miembro de Asociación Interétnica de la Selva Peruana, arguye que la derogación de las leyes fue una victoria de mucha importancia para los indígenas.

Desplazamientos forzados en Colombia

El dramático fenómeno del desplazamiento forzado sigue devastando regiones enteras de Colombia, donde la población civil es víctima por igual de las pretendidas guerrillas de izquierda y de los paramilitares. El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, reveló que varios miles de personas han sido desplazadas por la violencia en la costa pacífica de Colombia. En la región de Cauca, los enfrentamientos entre dos grupos rivales de la guerrilla y el ejército colombiano obligaron a cientos de personas a partir. En el departamento de Nariño la misma situación se volvió a producir. ACNUR explica que un conjunto de factores ha causado los desplazamientos: la presencia de grupos irregulares, los terrenos minados, los asesinatos selectivos y el tráfico de cocaína.

También en Colombia comenzó, en medio de una gran discreción, un proceso fundamental: el proceso administrativo para que el Estado colombiano repare a las miles y miles de víctimas del polifónico conflicto armado. El trámite se inició oficialmente a mediados de agosto y concluirá el 22 de abril del 2010. Sólo el primer día se presentaron siete mil personas que buscan ser reparadas por delitos como el homicidio, desaparición forzada, lesiones personales, secuestro, tortura, reclutamiento ilegal de menores y delitos sexuales. Patricia Perdomo, representante de las víctimas en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Nacional, señaló a RFI que un 70% de las solicitudes, ”corresponde a víctimas de la guerrilla de las FARC".

---

Audios: Felipe Calderón, presidente de México; Alejandro Martí, padre de Fernando Martí, un adolescente secuestrado y ejecutado por la policía; María Helena Morera, Presidenta de la asociación México Unido contra la delincuencia.

Entrevistados: México: María Helena Morera, Presidenta de la asociación México Unido contra la Delincuencia; Jorge Chabat, sociólogo, experto en seguridad.

Perú: Enzo Rosales, miembro de la AIDESEP, Asociación Interétnica de la Selva Peruana; Nelson Manrique, historiador y politólogo; Heriberto Quienan, integrante de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana.

Colombia: Gustavo Valdivieso, portavoz de ACNUR Colombia; Patricia Perdomo, representante de las víctimas en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Entrevistas: Tatiana Miralles,  Hernán Campaniello, Aniceto Menéndez, Eduardo Febbro.

Conducción: Eduardo Febbro.