Las víctimas directas de atentados terroristas y sus familiares no quieren que su drama personal quede en el olvido, razón por la cual reclaman reparación moral, económica y judicial por los daños sufridos. Con este objetivo se han organizado en asociaciones a nivel nacional o europeo y, más ampliamente, con alcance internacional.

Uno de estos organismos es la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Francia, cuyo presidente, Guillaume Denoix de Saint-Marc, sufrió la muerte de su padre en el atentado, hace veinte años, contra un DC10 de la compañía UTA. “La principal lección que he aprendido es que no hay que esperar nada de los demás. Si queremos movilizar a los políticos y a la opinión pública, primero tenemos que actuar y movilizarnos nosotros mismos”, precisa Denoix.

Por otro lado, Cristina Cuesta, cuyo padre fue asesinado en 1982 por ETA, en el país vasco español, señala que durante mucho tiempo tuvo que ocultar su condición de víctima: “estaba estigmatizada, separada de la sociedad, culpabilizada". Esta situación, sin embargo, ha venido cambiando en las últimas dos décadas, gracias a la movilización de las víctimas.

“Lo más importante es la respuesta judicial”, precisa Denoix. “Espero saber toda la verdad y que juzguen y condenen a los culpables. Yo no perdono”, enfatiza la vicepresidenta de la Asociación Española de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedresa.

Lo que a veces es complicado es la indemnización económica. En Francia existe desde 1986 un fondo de garantía que se alimenta con tres euros por cada contrato de seguro suscrito en el país, siendo éste obligatorio para el auto, la habitación en cuanto al robo y el incendio. Lamentablemente, no existe aún un sistema similar de indemnizaciones a nivel internacional para las víctimas del terrorismo.

Aunque la Organización de Naciones Unidas organizó una conferencia sobre el terrorismo, aún no se llega a un consenso sobre la definición del término. Para Ghislaine Doucet, jurista especialista en derecho internacional humanitario, “el terrorismo está perfectamente definido en el derecho internacional. El acto de terrorismo está prohibido por las Convenciones de Ginebra. Existen trece instrumentos jurídicos internacionales que prohíben el recurso al terrorismo. El problema no radica en la definición sino en el campo de aplicación de la definición”.

Cristina Cuesta no comparte esta posición: “el terrorismo no es considerado todavía crimen internacional y el Tribunal Penal Internacional no lo incluye entre sus delitos de competencia. No existe aún un estatuto de las víctimas, como existe un estatuto de los refugiados, tampoco hay una unificación de las legislaciones internacionales a favor de las víctimas y todavía se discute sobre terroristas ‘buenos’ y terroristas ‘malos’. Nuestro trabajo es en defensa del estado de derecho, de la democracia y de las normas de funcionamiento básico".

Entrevistados: Ángeles Pedresa, de la Asociación Española de Víctimas del Terrorismo; Guillaume Denoix de Saint-Marc, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Francia; Alphonsine Mafouta y Cristina Cuesta, familiares de víctimas; Teresa Jiménez Becerril, europarlamentaria del Partido Popular de España; y Ghislaine Doucet, jurista especialista en derecho internacional humanitario.